10. La gran mentira
o de cómo se destruyó el comercio local de La Orotava.
(Manual de malas prácticas políticas)
Tiempo aproximado de lectura: 1 hora 20 minutos (recomendamos su lectura en dos partes: de los capítulos 1-7 y de los capítulos 8-13)
PRÓLOGO
Algún lector o lectora se puede preguntar por qué ahora. ¿Por qué ahora se publica en la página web de Asamblea por La Orotava una historia real que ocurrió en nuestros municipio hace ya muchos años? Pues precisamente por eso.
Dicen que «un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla», aunque parece que en La Orotava no hemos aprendido del todo la lección y hemos dejado campar a sus anchas a las políticas amiguistas y clientelistas del mismo grupo político desde hace cuarenta años.
Por desgracia, debemos apuntar que nos tememos las mismas mañas y formas “áticas” 1 de gestionar nuestro municipio en otros grupos de la oposición que ansían el poder. No hay más que ver lo que estos partidos-franquicia están haciendo en Tenerife una vez que expulsaron al nacionalismo de Coalición Canaria de las instituciones: más de lo mismo. La destrucción del territorio y el medio en el Puertito de Adeje (a pesar de tener informes que impedían la construcción de un macrocomplejo hotelero) o la construcción de un circuito del motor que todo apunta, viendo las experiencias fracasadas en otros puntos del Estado, que va a quedar abandonado una vez que algunos empresarios y constructores terminen de llenarse los bolsillos, recuerda bastante a la política de cemento de Coalición Canaria y ATI.
Por todo esto y porque, además, los últimos capítulos de esta historia se desarrollan en nuestros días. El proyecto municipalista que surgió en 2015, esta confluencia abierta de vecinas y vecinos y sin obediencias externas de partidos políticos que es Asamblea por La Orotava se vio obligada a pronunciarse institucionalmente sobre el asunto, pues la última resolución judicial sobre La gran mentira, que había empezado en 1994, llegó en 2016.
Tampoco pasa desapercibido el hecho de que que algunos de nuestros gobernantes actuales (dos, más concretamente9 tomaron parte en La gran mentira.
Desde que las personas más jóvenes que participan en la Asamblea descubrieron esta historia a través del libro “20 años de Iniciativa. 20 años por La Orotava” y cuando uno de los implicados terminó por ser condenado en 2021, insistieron en compartir la historia para que fuera accesible a todo el mundo.
El final (la construcción de grandes superficies comerciales) y el resultado (la destrucción del tejido comercial del municipio) de este relato se conoció siempre, pero quizás lo que más les llamó la atención que en esta historia se pueden apreciar con claridad los intereses y las (malas)formas de actuar de las personas que durante 40 años han gobernado el municipio. La justicia social o la mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos de La Orotava son los últimos de sus intereses, si es que esos temas les interesan. Lo más importante para ellos es reproducirse una y otra vez en el poder por cualquier medio, ejerciendo el clientelismo y el amiguismo y así poder ayudar a que sus partidos políticos y sus empresarios sigan manejando la vida socioeconómica de la(s) isla(s).
Quieren que esta historia sirva de ejemplo para la gente de su edad y que las nuevas generaciones sepan de que pasta están hechas las personas que nos gobiernas: de una pasta blanda, pegajosa y que no huele muy bien. Pero también para recordársela a quien la haya olvidado. A esto se puede añadir que es una historia digna de ser leída, pues a la vez que ilustra, entretiene: es un thriller político con reuniones secretas, cenas en hoteles de lujo con políticos y empresarios, enredos, traiciones, falsas de declaraciones en público mientras a sus espaldas se hacía todo lo contrario, documentos oficiales que “desaparecen” de las oficinas del Ayuntamiento y mucho más. Una lectura perfecta para el verano que puedes disfrutar (al tiempo que sientes rabia y frustración) en tu móvil o tableta en la terraza de un bar, en la playa o en el sofá junto a un ventilador.
José Manuel Hernández, exconcejal del Ayuntamiento de La Orotava, militante de IpO y participante de Asamblea por La Orotava
- Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) fue un partido político en el que se integró la Agrupación de Independientes de La Orotava (AIO), el primer partido político del anterior alcalde Isaac Valencia (1995-2013). Más tarde, ATI pasaría a formar parte de Coalición Canaria, aunque la agrupación tinerfeña sigue siendo el núcleo duro dentro de CC, que a partir del 2007 se presenta a todas las elecciones junto al Partido Nacionalista Canario (PNC), aunque este último parece estar apunto de abandonar el pacto.
PREÁMBULO
Esta relación de hechos fue narrada en el Pleno del Ayuntamiento de La Orotava el día 23 de noviembre de 2003 por José Manuel Hernández, el que fuera por aquel entonces concejal y portavoz del partido político IpO, — que en aquel Mandato de 2003 a 2007 se presentó junto al partido político Los Verdes y obtuvieron cinco ediles en el Consistorio orotavense—.
Esta intervención plenaria fue recogida en el libro “20 años de Iniciativa. 20 años por La Orotava”, publicado en 2018 por Libreando Ediciones y Le Canarien Ediciones. Los hechos acontecidos entre 2003 y 2018, así como las referencias periodísticas, también se encuentran en dicha publicación. Así mismo, se ha rellenado este oscuro episodio de nuestra historia orotavense con notas y artículos de prensa publicados en la página web de Asamblea por La Orotava y en periódicos digitales, así como con recortes de prensa que conforman la hemeroteca de la Coordinadora El Rincón, con cuyo permiso adjuntamos al final, para su descarga, dos archivos con todos los recortes de periódicos recogidos bajo la etiquetas “grandes superficies comerciales y Canarias” y “grandes superficies comerciales y La Orotava“.
El fin de rescatar este relato no es tanto denunciar la destrucción del tejido comercial de nuestro municipio, pues eso ya lo hicieron otras y otros en su momento, sino para dar a conocer como son en verdad las personas que han gobernado este municipio durante los últimos cuarenta años.
La distribución por capítulos (y los títulos de estos) no es propia ni de la intervención original del exconcejal José Manuel Hernández ni del libro antes mencionado. También han sido modificados los tiempos verbales y se ha cambiado la denominación original con la que José Manuel Hernández se refirió a esta relación de hechos en aquel pleno del 23 de noviembre de 2003: ‘la gran estafa de La Orotava’.
La primera referencia de prensa que aparece es de 1994; la última, de 2021.
Esto es “La gran mentira“.
1. INTRODUCCIÓN
(A partir de aquí empieza la reproducción del libro “20 años de Iniciativa. 20 años por La Orotava”, con algunas variaciones ortotipográficas, sintácticas y verbales, así como la introducción de algunas aclaraciones, anotaciones, lenguaje inclusivo, imágenes con notas al pie y algunas licencias narrativas y estilísticas. También se han añadido enlaces para acceder a informaciones más o menos relevantes)
El 2 de junio de 2003, Ambrosio Jiménez, promotor urbanístico y hombre de las grandes multinacionales en nuestro municipio, presenta una querella en los juzgados contra Fernando Plasencia, presidente de Apymevo (Asociación Profesional de Pequeños y Medianos Empresarios de la Villa de la Orotava), basada en unos presuntos delitos de estafa con abuso de relaciones personales y apropiación indebida a raíz de la compra por parte de Apymevo de 500 aparcamientos en la Zona 7-San Agustín (encima de la plaza del V Centenario). Dicha compra se había realizado en dos contratos por separado, es decir, en cada contrato Apymevo compraba a Ambrosio Jiménez 250 aparcamientos.
El primer de aquellos contratos fue rescindido por acuerdo entre las partes y por medio del cual Ambrosio Jiménez pagó a Apymevo 450 millones de pesetas en concepto de indemnización por no cumplir una parte del contrato. El segundo contrato se correspondía a la compra de otros 250 aparcamientos por valor de 500 millones de pesetas, un dinero que, según el querellante, no le había sido entregado. Además, acusaba a Fernando Plasencia de quedarse con los 450 millones de pesetas de indemnización del primer contrato que, según Ambrosio Jiménez, eran para repartir entre las y los asociados de Apymevo.
La noticia de la denuncia saltó a los medios de comunicación el 18 de julio de 2003 y dio pie a la celebración de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de La Orotava el 13 de noviembre de 2003.
Algo que podía parecer una simple guerra entre empresarios puso tras la pista a quienes en aquel momento ejercían la oposición activa en el Ayuntamiento, Iniciativa por La Orotava. IpO y PSOE se habían opuesto desde el principio a la construcción de las grandes superficies comerciales, pues preveían la destrucción del tejido del comercio local de La Orotava. Dicha querella aportó a IpO datos relevantes sobre cuál había sido la verdadera historia de la implantación de grandes superficies en nuestro municipio y cuál había sido el papel protagonizado por cada uno de los actores, incluido el grupo de gobierno de ATI-CC.
Intentaremos, pues, relatar y reconstruir unos episodios que sin duda pasarán a la historia más negra de la política local de nuestro municipio. Este relato es una aproximación a la cara oscura del poder, la que se mueve detrás de bambalinas, a la que nadie que no tenga poder económico e influencias puede acceder, la que se oculta a la ciudadanía. Y ahora, ya estamos en disposición de empezar lo que es “La gran mentira de La Orotava”.
2. SE EMPIEZA A URDIR LA MENTIRA
Todo comienza en los años previos a 1994, cuando Ambrosio Jiménez y la multinacional francesa Alcampo empiezan a comprar terrenos en la zona de Las Arenas (el Sector 10 de La Orotava). Desde ese primer momento empiezan los despropósitos y las mentiras de esta historia que irá y vendrá desde el pasado al presente.
En 1994, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, —que más tarde sería el procurador del partido político Iniciativa por La Orotava en el caso El Trompo— interpone una denuncia. En dicha querella se denuncian “intereses inconfesables implicados en el proyecto de construcción de un hipermercado de la firma Alcampo” (Diario de Avisos, 20 de agosto de 1994). Por aquel entonces se estaba explanando el solar sin ningún tipo de licencia, lo que provocó la paralización de las obras. Un mes después, Paulino Rivero, por aquel entonces secretario general de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI, que ya se había integrado dentro de Coalición Canaria), se descuelga con unas declaraciones realmente firmes en contra de las grandes superficies. Así, a La Gaceta de Canarias, el 3 de septiembre de 1994, le confiesa que:
«ATI entiende que la proliferación de los hipermercados representa un enorme peligro de supervivencia económica para los pequeños y medianos comerciantes de Canarias, además del riesgo que supone desde el punto de vista de pérdida de puestos de trabajo y de incremento de las cifras del paro[…]».
Unas declaraciones que son el primer aporte a La Gran Mentira, no porque la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI, que luego pasaría a presentarse a la elecciones junto a Coalición Canaria y, más tarde a integrarse de forma plena dentro de esta) abandonara posteriormente este discurso contra las grandes superficies comerciales, sino porque algunos años más tarde y después de intensas polémicas, Alcampo abría sus puertas en La Orotava.
A las declaraciones de Paulino Rivero en 1994 sobre el peligro de las grandes superficies comerciales para el tejido social y económico de las islas se suman las de el por aquel entonces alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, en las que ya dejaba entrever su desprecio hacia las pymes locales, cuando anuncia que «aquí hay que caminar siempre para adelante y las pequeñas tiendas se han quedado obsoletas. A la gente le gusta mirar lo que compra, que es lo que funciona en Europa». Con estas palabras, y en un momento de enorme confusión sobre la implantación de las grandes superficies, ya el Alcalde de La Orotava lo tenía absolutamente claro: Alcampo y todas las grandes superficies que promoviera Ambrosio Jiménez se iban a instalar en La Orotava como sea y por encima de lo que fuera.
Ya el final de la historia estaba escrito y todas y todos lo sabían, pero había que hacer un esfuerzo para no descubrirse ante la opinión pública, porque por aquel entonces se celebrarían elecciones y la reacción del pequeño y mediano empresariado local era imprevisible y podía afectar seriamente a los interese de ATI-CC en las elecciones municipales de 1995. De hecho, ya se estaban moviendo fichas y, por fin, llegó el acuerdo con Apymevo.
3. UN ACUERDO PARA SALVARLOS A TODOS
El 14 de enero de 1995, a las puertas de las elecciones municipales, ATI-CC presentó en una rueda de prensa su compromiso a negar los permisos necesarios para la instalación de grandes superficies en La Orotava en los siguientes cinco años, fruto de un acuerdo con Apymevo, la asociación de pequeños y medianos empresarias/os de La Orotava. La prensa recogió el acuerdo y en unas esclarecedoras declaraciones Fernando Plasencia afirmaba que:
«[…]este acuerdo se inició a instancia de la propia ATI. No obstante, [Fernando Plasencia] matiza que si las negociaciones se hubiesen llevado a cabo con el alcalde Isaac Valencia, el acuerdo nunca se hubiese alcanzado»
(La Gaceta de Canarias, 15 de enero de 1995)
Esta acertada frase también ayuda a entender como Isaac Valencia se estaba convirtiendo en el valedor de Ambrosio Jiménez y de las multinacionales, mientras que otros miembros de ATI-CC tenían que apoyar la estrategia de Apymevo y se ideó un acuerdo. Un acuerdo que salvaba a Apymevo y a Fernando Plasencia de un enfrentamiento frontal con quien gobernaba e iba a seguir gobernando el municipio y que le permitía “ganarse el cielo” con la polémica de las grandes superficies, presentando el acuerdo como un éxito que le serviría de escudo ante cualquier acusación de pasividad en el proceso de implantación de las grandes superficies.
Un acuerdo que se cumpliría solo a medias, pues contemplaba la creación de una Centro Comercial para las pymes, un área industrial de alta tecnología en la ampliación del Polígono San Jerónimo y un parque industrial dirigido a las pymes para su implantación en el municipio de La Orotava, cosas que nunca se hicieron. Todo era demasiado bonito y todo se quedó en agua de borrajas. Aún así, el por aquel entonces concejal Juan Dóniz, portavoz de ATI-CC, no reparó en entusiasmos cuando declaró ante la opinión pública:
«Si ATI gana las próximas elecciones (las municipales de 1995) nos volcaremos en la Central de Compras para que las pequeñas y medianas empresas puedan competir con los grandes hipermercados» y reconoció que «Alcampo ha salido perjudicado si pensaba montar una gran superficie en los terrenos que ha comprado en La Orotava. El Ayuntamiento debería modificar su Plan Parcial de Ordenación para ello y eso no va a suceder»
El Día, 15 de enero de 1995
Cinco días después el Diario de Avisos publicaba:
«[Juan Dóniz] volvió a reconocer que Alcampo ha comprado terrenos en La Orotava, “pero creo que su estrategia es comprar para que otro no se instale, más que para instalarse ellos mismos, porque saben que La Laguna está a quince minutos”».
Diario de Avisos, 20 de enero de 1995
Estas palabras tranquilizaron a las pequeñas y medianas empresas de La Orotava ante la cercanía de las elecciones, que ATI-CC acabó ganando. Juan Dóniz tenía que defender a la empresa que él mismo asesoraba, Apymevo Comercial, S.L., y que siguió asesorando, a pesar de su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y su más absoluta incompatibilidad para ejercer esa actividad.
Transcurridos los cinco años, ATI-Coalición Canaria ya no pararía hasta lograr la entrada de esas grandes superficies en el municipio y consumar lo que se convirtió en una gran estafa a la ciudadanía. Una estafa en la que participaron coordinadamente Apymevo, el grupo de gobierno de ATI-CC y el empresario y promotor de la construcción de las grandes superficies en la zona de Las Arenas, Ambrosio Jiménez.
4. “SE ACERCAN CON PIEL DE OVEJA, PERO POR DENTRO SON LOBOS RAPACES“
Finalmente el Ayuntamiento sí que modificó su Plan General para que las grandes superficies se pudiesen implantar y los proyectos de Ambrosio Jiménez se hiciesen realidad. Nunca se creó el Centro Comercial para pymes, por mucho énfasis que hubiese puesto Juan Dóniz antes de las elecciones y Alcampo se construyó aunque «La Laguna estuviese a quince minutos».
Se tenía que ser una persona demasiado ingenua para pensar que Ambrosio Jiménez y Alcampo se gastaran más de dos mil millones de pesetas en la compra de todos los terrenos de Las Arenas sólo para que no se instalaran otras cadenas y grandes superficies. Demasiado ingenua o simplemente había que decir algo para no perder la confianza de las pymes.
Ambrosio Jiménez siguió con sus negocios al amparo de ATI-CC. Antes de las elecciones de 1999 ya tenía aprobado el Plan Parcial del Sector 10 (Las Arenas) y el Proyecto de Urbanización de la zona, documentos que se quedarían en papel mojado porque los incumpliría sistemáticamente, pero que eran necesarios para legitimar las obras de construcción de Alcampo. Es decir, en los cinco años de moratoria, Ambrosio Jiménez empezó la explanación de los terrenos, consiguió la licencia comercial específica del Gobierno de Canarias, le aprobaron el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización y, para guinda del pacto con Apymevo, le cambiaron el uso del suelo de Las Arenas, que pasó de industrial a industrial-comercial y, con todo esto en el saco, empezó la loca carrera de construir Alcampo como sea, por encima de quien sea y a costa de lo que sea.
El final de este primer periodo fue el inicio del siguiente mandato de mayoría absoluta de ATI-CC. En el primer pleno del Mandato 1999-2002, el 20 de julio de 1999, se modificaron los usos del suelo en Las Arenas gracias a los votos de ATI-CC, incluidos los de Juan Dóniz, hasta hace pocos años ferviente defensor de las pymes, al menos en los medios de comunicación. A raíz de ese Pleno, algunos portavoces de grupos políticos y un miembro de la Coordinadora El Rincón, dejaron entrever sus sospechas (periódicos de 21 de julio) por el hecho de que Apymevo, de Fernando Plasencia, presentara sus alegaciones a este cambio de usos del suelo que propiciaba la construcción de grandes superficies en el Sector 10, fuera del plazo legalmente establecido.
Fernando Plasencia volvía a aparecer en los medios de comunicación durante esas fechas:
«por la forma en que se abordó el asunto, con unas prisas incomprensibles y lamentó [Fernando Plasencia] que se haya aprobado un cambio en el PGOU que puede suponer un importante hándicap para las más de mil empresas asociadas a esta entidad. Pese a esto y aunque recalcó que seguirán luchando en los juzgados, Plasencia admitió que los empresarios locales, a diferencia de lo que ocurrió hace cinco años, se han mostrado mucho más pasivos en esta ocasión, debido a que casi han asumido que las grandes superficies serán una realidad a corto o medio plazo».
El Día, 21 de julio de 1999
Y tanto más pasivos que, un día antes del citado Pleno, el 19 de julio de 1999, Fernando Plasencia, en nombre y representación de Apymevo, firmaba el segundo contrato con Ambrosio Jiménez. El primer contrato se firmó en febrero de ese mismo año 1999 y se vendían 250 aparcamientos a Ambrosio Jiménez en el futuro Centro de San Agustín, por valor de 500 millones de pesetas.
Asombroso pero cierto. En este segundo contrato se vendían 250 plazas de aparcamiento por valor de 450 millones de pesetas y se introducía una cláusula por la que, en el momento de alquilar los locales del futuro Alcampo, las socias y socios de Apymevo tendrían preferencia. Por supuesto, Apymevo no siguió luchando en los juzgado, ni en ninguna otra parte, contra la instalación de las grandes superficies.
Ya el pacto estaba suscrito y tenía compromisos económicos y contractuales muy comprometedores que le obligaban a guardar silencio ante las obras de Ambrosio Jiménez y a propiciar la pasividad de las pymes en un tema que, a partir de ese momento, se convirtió en intocable. Y todo ello con la intermediación de ATI-CC, que fue quien puso en contacto a estas dos piezas del puzle y la que favoreció el “entendimiento” entre dos supuestos enemigos irreconciliables.
Ahora los problemas económicos para la financiación del complejo de San Agustín estaban más resueltos y ATI-CC se aseguraba la pasividad de Apymevo, mientras que Ambrosio Jiménez silenciaba una voz que podría haber acabado con todos sus planes.
5. PACTO ENTRE CABELLEROS
Los escombros de la obra de San Agustín (junto a la actual Plaza del V Centenario), realizada por Ayuntamiento y Apymevo, fueron a parar, a falta de otro sitio, a un solar propiedad de Ambrosio Jiménez, bueno en aquel momento de Alcampo, y saltó de nuevo la polémica, porque IpO-LV denunció esta situación. Ante la denuncia de lo que venía ocurriendo desde 1995, Fernando Plasencia volvía a lo medios:
«[Fernando Plasencia] acusa a esta formación política (IpO-LV) de causar alarma social y no saber defender los intereses de los pequeños empresarios de la Villa, cuyo futuro depende en gran medida de que las obras del centro lúdico-comercial de San Agustín –de donde proceden los escombros– se termine con la mayor urgencia para poder competir con las grandes superficies.
Diario de Avisos, 23 de septiembre de 1999
[…]Ellos (IpO-LV) saben que hay grandes superficies que quieren ubicarse en el municipio. Si se paraliza el proyecto de San Agustín, estamos muertos. […]Ese traslado no le costará ni un duro ni al Ayuntamiento ni a Apymevo, porque se paga con el propio valor de los materiales».
¿Cómo se iba a paralizar el proyecto de San Agustín –la esperanza de las pymes orotavenses ante el desembarco de las grandes superficies– si ya contaban con buena parte de la financiación (aportada por el constructor de esas grandes superficies)? ¿Cómo se iba a paralizar si tenían un lugar donde tirar los escombros de la obra (propiedad del mismo constructor) ¿Cómo se iba a paralizar sí, además, se iban a llevar los escombros de forma gratuita?
A esto se sumó que la machacadora que recibía los escombros realizaba una actividad ilegal, pues no podía recoger escombros que no procediesen de la construcción de la supuesta urbanización de Las Arenas, como demostraban los expedientes de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de La Orotava y que era propiedad de otro de los empresarios de la construcción que componen la flor y nata de los promotores urbanísticos de Tenerife: Antonio Plasencia.
La Gran Mentira continuaba. Todavía no había expirado el plazo de la moratoria de cinco años para que se permitiera la instalación de grandes superficies comerciales en La Orotava, —el “gran éxito” de Apymevo frente a los políticos y al gobierno municipal—, que finalizaba el 31 de diciembre de 1999, pero para esa fecha ya todo estaba atado y bien atado. Alcampo aún no se había construido, pero Apymevo y Ambrosio Jiménez ya habían pactado y este último estaba empezando a aplanar los terrenos de Las Arenas para construir una urbanización, y todos, incluido ATI-CC, estaban contentos.
Tan solo cuatro años antes, en 1994, Fernando Plasencia, advertía sobre la postura que tomarían las pymes si se llegaban a instalar grandes superficies: «Aparte de la participación política como medida de presión, también se observa como válida la concentración, la organización de asambleas multitudinarias e incluso, si fuera necesario, cierre patronal». Poderosas armas que tan sólo quedaron en fuegos de artificio. Si se hubiesen utilizado, quizás estuviésemos hablando de otro panorama para La Orotava y para sus pequeñas y medianas empresas. Pero se prefirió el dinero y el poder de Ambrosio Jiménez y de las grandes multinacionales que hoy ahogan a las pymes.
Y Alcampo se construyó, a pesar de haberse creado una Comisión Político Técnica para el Seguimiento de las Obras de Urbanización del Plan Parcial Las Arenas, en la que estaban los grupos políticos, un miembro de Apymevo y más personal técnico municipal. Comisión que nunca se reunió y que es otro episodio más de esta gran mentira.
6. LAS GRANDES SUPERFICIES: EL ANHELO DE CC-ATI QUE SE CONVIRTIÓ EN LA PESADILLA DEL COMERCIO LOCAL
El pistoletazo final para la implementación de estos centros comerciales se produjo en julio de 1999, en que, en el primer pleno de ese mandato se acordó la modificación puntual de los artículos 123 y 146 del PGOU que ampliaba al sector de Las Arenas el carácter de industrial-comercial que ya tenía el polígono de San Jerónimo y que posibilita la construcción de edificaciones destinadas a la actividad comercial y, por lo tanto, a grandes superficies. El voto favorable de ATI-CC y PP dieron vía libre a la entrada de estas superficies en La Orotava, a pesar del voto en contra de IpO y PSOE. Es decir, el grupo de gobierno de ATI-Coalición Canaria volvía a pasar el rodillo de la mayoría absoluta. Una vez solventado ese escollo, en enero del año 2000 la Comisión Insular de Comercio dictaminó favorablemente la licencia para tres infraestructuras dedicadas a la alimentación, el bricolaje y el deporte. Todo se tramó para su ejecución después de pasadas las elecciones, por lo que hasta entonces ATI-CC evitó por completo tratar públicamente este tema que podía erosionar sus apoyos electorales.
Se construyó Alcampo, a pesar de las declaraciones del por aquel entonces concejal de urbanismo Juan Jesús Martín que negaba, allá por el 2001, «que haya existido trato de favor hacia Alcampo, pues, a diferencia de Leroy Merlín, en su caso el proyecto para el que se otorgó licencia cumplía con el plan parcial de la zona». O sea, que Leroy Merlín no cumplía con el Plan Parcial, pero Juan Jesús Martín e Isaac Valencia, valedores acérrimos de Ambrosio Jiménez, otorgaron una licencia de obras que les permitía construir Leroy como ellos querían. Juan Jesús Martín, en otra secuencia más de esta historia de la Gran Mentira, afirmaba, ante las peticiones de sanciones a Ambrosio Jiménez por construir sin licencia que hizo el partido IpO-LV, que:
«El gobierno local, como le exige la ley y por propia convicción, sigue los trámites para hacer efectiva la correspondiente sanción por haberse ejecutado obras sin licencia. Sin embargo, [Juan Jesús Martín] aclara que la cantidad será inferior a los casi 50 millones que ha calculado IpO, ya que la multinacional legalizó la situación en los plazos previstos».
El Día, 10 de agosto de 2001
«Respecto a cuándo se cobrará el dinero, también dijo [Juan Jesús Martín] que no se puede precisar con seguridad porque lo más probable es que Alcampo recurra la cifra fijada, si bien confía en que todo se solucione durante este año. Hasta ahora la empresa ha preferido no pronunciarse sobre esta cuestión».
Pero Alcampo no recurrió porque nunca hubo sanción, ni siquiera se inició ningún expediente sancionador. Era otra declaración para la galería, para hacer ver que el gobierno de ATI-CC no estaba en manos de Ambrosio Jiménez y que tenía el suficiente valor para ponerle una sanción. Otro engaño más.
7. EL COMERCIO LOCAL RESPONDE
Aparte de la actividad institucional y de denuncia pública de los que estaba ocurriendo, se puso en marcha una campaña de concienciación contra la instalación de Alcampo en el polígono de San Jerónimo. Contó con el respaldo de numerosos comercios de La Orotava que colocaron a la entrada de sus establecimientos un cartel con una foto panorámica de dicho centro comercial en construcción acompañada de la frase “¿Así se defiende nuestra tierra?”. El éxito de dicha campaña fue alto, porque como podía leerse en la prensa:
“a juzgar por la cantidad de empresas que lucen el cartel, no hay mucha satisfacción entre los comercios de la villa por la implantación de la multinacional francesa”
El Día, 23 de octubre de 2001
No fue la única acción. El partido político IpO llevó a cabo una campaña en la que repartieron 800 folletos por los comercios de la villa para informar de las ventajas de comprar en la localidad y de cómo esos recursos se quedarán en las islas y no en mano de multinacionales extranjeras y generando cerca de 2500 empleos y donde también se insistía sobre las irregularidades que se estaban cometiendo.
Se construyó Alcampo y se siguió construyendo San Agustín con el dinero de Ambrosio Jiménez, pero también con el dinero del Ayuntamiento, que financia parte de las obras. También con dinero del Cabildo de Tenerife, que aportó 600 millones de pesetas, gracias a las gestiones de Juan Dóniz, portavoz de ATI-CC y asesor de Apymevo. Un asesor que no se ausentaba de los plenos, ni se abstenía de participar en los debates, ni escatimaba esfuerzos para conseguir dinero para la obra magna de la empresa que asesoraba. El desempeño del concejal Juan Dóniz como asesor de Apymevo, lo compatibiliza con su cargo de concejal con dedicación exclusiva.
A comienzos de julio de 2002, el centro comercial Alcampo La Villa abrió sus puertas. El recinto carecía en su momento de licencia, superó la superficie y altura permitida y ocupó una de las calles previstas en el proyecto de urbanización. Un recinto comercial que se enmarcó en el Plan Parcial de Las Arenas, aprobado por el Pleno en marzo de 1998, que permitió un incremento de la zona comercial y que contemplaba 80.452 m2 destinados a equipamiento y zonas verdes de carácter público, pero nunca se inscribieron en el Registro de la Propiedad. Apenas había transcurrido un mes desde la apertura de la gran superficie cuando desde IpO-Los Verdes se denunció que 20.000 m2 de una nueva obra, el futuro Centro Comercial El Trompo, se levantaban en suelo rústico, sin licencia y sin el proyecto de obra pertinente. Estos hechos, como ha demostrado el paso del tiempo, eran de extrema gravedad, pues se volvía a dar una situación en la que el constructor Ambrosio Jiménez conseguía su objetivo con el apoyo de ATI-CC. El servilismo era, y sigue siendo, total.
Al acto de inauguración de ‘Alcampo La Villa’ no asistieron concejalas/es, ni autoridades relevantes de la comarca ni de la isla, porque nadie quería sacarse una foto con Ambrosio Jiménez, que a esas alturas representaba ya, para la opinión pública, una de las personas con la reputación más tocada de Canarias y que se ha visto envuelto en innumerables escándalos urbanísticos. Sólo asistieron a esa inauguración Isaac Valencia, fiel defensor del empresario y constructor, y uno de los protagonistas de esta historia; también asistiron Elfidio Alonso y uno de los máximos dirigentes de Coalición Canaria, Paulino Rivero, el mismo que decía que las grandes superficies suponían un enorme peligro para las pymes canarias y para las y los trabajadores de las islas. Fue una muestra más que palpable de los apoyos que tenía Ambrosio Jiménez. Isaac Valencia dijo en aquel acto indigno de alguien que decía defender los intereses de La Orotava que:
«Alcampo va a cambiar el concepto de comercio y de ocio. [Isaac Valencia] Elogió vivamente el inmenso trabajo desarrollado por el promotor Ambrosio Jiménez que ha hecho posible que La Orotava cuente con el que probablemente es el mejor parque temático lúdico-comercial de España».
La Opinión, 4 de julio de 2002
El Centro Comercial Alcampo La Villa ya era una realidad. Una realidad que se apropió hasta del nombre que nos identifica.
Interludio narrativo
Y llegamos al año 2003, el año con el que iniciamos este relato, el de la denuncia de Ambrosio Jiménez a Fernando Plasencia.
Algunos aspectos ya los hemos apuntado. Así que ahora van los interrogantes:
¿Por qué ATI-CC hizo posible la unión de la Apymevo de Fernando Plasencia y Ambrosio Jiménez? ¿para beneficiar a ambos y para salir beneficiada ella misma, pues a partir de ese momento (febrero de 1999) los únicos agentes sociales que se oponían a las intenciones de Ambrosio Jiménez y a la política de ATI-CC en el Sector 10 (Las Arenas) sería la oposición política en el Ayuntamiento?
¿Por qué Apymevo firma dos contratos con Ambrosio Jiménez, exactamente iguales, a excepción de un pequeño detalle como es la preferencia de las socias y socios de Apymevo en los locales de Alcampo
En el momento de la firma del contrato, ¿sabían tanto Fernando Plasencia como Apymevo que Ambrosio Jiménez no podría cumplir esa cláusula por la sencilla razón de que era Alcampo y no Ambrosio Jiménez quien iba a alquilar los locales y, además, que la verdadera preferencia era para las grandes firmas comerciales que actuarían como reclamo para el Centro Comercial? Aparecía en prensa en el años 2003 las siguientes palabras:
«[…]como consecuencia del citado incumplimiento contractual, rotura del espíritu de leal colaboración, buena fe y confianza legítima y para paliar los graves perjuicios que con ello se ocasiona a Apymevo Comercial, S.L., las partes han convenido aplicar la cláusula resolutoria prevista en el contrato, cifrando los daños y perjuicios en 450 millones de pesetas»
Diario de Avisos, 19 de julio de 2003
Es decir, los daños fueron casi los mismos que el valor de los aparcamientos que se compraban. O de otra forma, Ambrosio Jiménez renunció a los aparcamientos y le regaló, en concepto de supuesta indemnización, 450 millones de pesetas a Apymevo. Todo ello de común acuerdo entre ambos. ¿Por qué Ambrosio Jiménez llegó a un acuerdo tan desfavorable cuando, si se hubiese ido a los tribunales la indemnización que se hubiese establecido no hubiese llegado a la cifra de 450 millones? Ese contrato se resolvió el 22 de noviembre de 2001. Todavía las cosas marchaban bien para Apymevo, para Ambrosio Jiménez y para la celestina de este romance que era ATI-CC. ¿Por qué Ambrosio Jiménez tarda casi dos años en presentar la querella? La respuesta a esta pregunta solo la conocerán quienes asistieron a la cena secreta de marzo de 2003.
8. MESA PARA OCHO EN EL HOTEL VICTORIA
Si en 1994 Apymevo amenazaba con la participación política de las pymes para luchar contra la construcción de grandes superficies, el 13 de abril de 2003, una vez construidas e inauguradas las grandes superficies, se anunció en prensa el retorno de la Agrupación de Independientes de La Orotava (AIO, que en su momento se integró en ATI, que en su momento se integró en CC), puesta en marcha por Apymevo. Pero la AIO se retira con la misma rapidez con que apareció cuatro días después:
«[…]la indecisión, por motivos familiares y profesionales de algunos candidatos de los llamados importantes, que dejarán coja la plancha y la toma de acuerdos puntuales con ATI-CC relacionados con el ámbito del pequeño y mediano comercio»
Diario de Avisos, 17 de abril de 2003
Una vez más, Apymevo pactaba con ATI-Coalición Canaria para no hacerse daño mutuo. Estos acuerdos nunca fueron desvelados.
En una reunión celebrada en el Hotel Victoria a finales de marzo de 2003, justo antes de las elecciones municipales, se sentaron a la mesa Isaac Valencia, Juan Dóniz y Francisco Linares por ATI-CC; Ambrosio Jiménez y Juan Echandi Casañas por Proyectos Inmobiliarios Las Arenas; y Fernando Plasencia y Gregorio Díaz por Apymevo; además del Secretario General del Ayuntamiento de La Orotava (ver el “Manual de política local” Asamblea por La Orotava).
Parece que la reunión no llegó a buen puerto y que Fernando Plasencia y Gregorio Díaz abandonaron la reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué pusieron sobre la mesa las tres partes? ¿Qué se estaba negociando? ¿Cuáles eran las intenciones de Ambrosio Jiménez que provocaron la ruptura del noviazgo con Apymevo? ¿Qué hacían en esa reunión los principales dirigentes de ATI-CC en La Orotava? ¿Qué hacía el Secretario General del Ayuntamiento en una reunión que no se celebraba en las dependencias municipales y de la que no habían citaciones previas ni orden del día y que no era una reunión oficial en la que tuviera que dar fe de lo allí tratado? ¿O sí se levantó acta de esa reunión? Las personas que estuvieron en la reunión, algunas de las cuales forman parte a día de hoy del Consistorio orotavense podrían tener las respuestas a todos estos interrogantes.
Ante los rumores existentes sobre la complicidad de Ambrosio Jiménez y Apymevo, IpO-Los Verdes, con motivo de la aprobación de la concesión de San Agustín, el 6 de marzo de 2003, solicitó la inclusión, y así se aprobó en sesión plenaria, de la obligación del concesionario, es decir Apymevo, de comunicar al Ayuntamiento cuantas operaciones o negocios jurídicos se celebrasen en relación con el ámbito de la concesión. Para ello se estableció un plazo de quince días, pero nunca se cumplió. A ATI-CC lo menos que le interesaba, justo antes de las últimas elecciones, era que esta polémica saltara a la opinión pública, pues podía significar la pérdida de su mayoría absoluta.
ATI-Coalición Canaria no requirió nada a Apymevo y éste miró para otro lado, pues tampoco le interesaba que salieran a la luz sus relaciones con Ambrosio Jiménez.
Ya tenemos grandes superficies, pero nunca vimos el Centro Comercial para pymes en San Agustín financiado, en parte, por Ambrosio Jiménez. Nos quedamos con continuas mayorías absolutas de ATI-CC (más tarde CC-PNC) y la mayor demostración de manipulación de la opinión pública y pisoteo de la buena fe de las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio de La Orotava.
9. UN EXPEDIENTE FANTASMA
Meses más tarde se vivió uno de los momentos más esperpénticos en la historia reciente de La Orotava.
El martes 12 de agosto de 2003 la prensa insular recogía la denuncia de la Secretaria Accidental del Ayuntamiento por la “desaparición” del expediente administrativo de licencia de ocupación de licencia de obras del edificio de la gran superficie de Leroy Merlín, que curiosamente habían solicitado para su consulta los grupos municipales PSOE-IU (en aquel Mandato 2003-2006 ambos partidos se presentaron juntos a las elecciones consiguiendo tres ediles: Sebastián “Chano” Estévez y Goya Nuñez por el PSOE y Fran Baute por IU) e IpO-Los Verdes (el Mandato 2003-2006 fue el segundo y el último en el que IpO y Los Verdes fueron juntos a las elecciones municipales y obtuvieron cinco ediles. El pacto se rompió un año después, pero IpO pudo mantener el grupo político con sus tres ediles. Consultar “Manual de política local de Asamblea por La Orotava”) .
El concejal de ATI-CC, Juan Dóniz, afirmaba que era “uno de los momentos más duros de sus 20 años en el ayuntamiento” y que “es una casualidad que se haya perdido justo el día en que se iba a entregar a la oposición”. Los dos grupos de la oposición denunciaron lo insólito de aquel hecho como “un acto de república bananera, un escándalo político sin precedente y una negligencia total y absoluta que convierte, una vez más, a la Orotava en el hazmerreir de la política insular”.
Pero nada puede contra CC-ATI. En diciembre de 2004 se inauguró la plaza del futuro Centro Comercial El Trompo, promovido también por Construcciones Industriales de Tenerife (COINTE) de Ambrosio Jiménez, una obra que se empezó a construir en suelo rústico de manera ilegal y en él se abrieron comercios que carecían de la pertinente licencia municipal.
En febrero de 2005, IpO presentó una denuncia por la pérdida de 37.123m2 de suelo público en el Sector 10 de Las Arenas, entre 1998 y 2004, denunciando este nuevo caso ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid en julio de 2006, ante la negativa del ayuntamiento a investigar lo que estaba sucediendo. Tanto el portavoz de ATI-CC, Juan Dóniz, como el secretario general local y primer teniente de alcalde, Francisco Linares, no dudaron en salir a la prensa tratando de desmentir las acusaciones sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo, mostrando su “apoyo incondicional” a Isaac Valencia, del que “no dudamos de la honorabilidad del alcalde de La Orotava y apoyamos sin fisuras sus 28 años de gestión al frente del consistorio”. Según Francisco Linares, todas las críticas tenían “una actitud revanchista”.
10. SASO A LOS TRIBUNALES
El 26 de octubre de 2006 la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife formuló una denuncia por un delito de prevaricación y de tráfico de influencias contra Isaac Valencia y el promotor urbanístico Ambrosio Jiménez, al detectar suficientes indicios como para citar al alcalde y al constructor el 12 de enero de de 2006. La situación era clara: la mayoría de unos terrenos que eran públicos y que pertenecían al pueblo de La Orotava habían pasado a manos del constructor para construir naves industriales y comerciales, todo ello sin ninguna subasta, venta o permuta de por medio.
Isaac Valencia y Ambrosio Jiménez fueron defendidos por el mismo abogado. A las preguntas de las y los periodistas que cubrieron su declaración en el Juzgado de Primera Instrucción número 4 de La Orotava, Isaac Valencia declaraba tener “la conciencia absolutamente tranquila” y tanto él como Ambrosio Jiménez defendían haber actuado bajo los principios de la legalidad.
En 2009 la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava dictó una auto en el que concluía que existían “indicios racionales de criminalidad” por un presunto delito urbanístico cometido por el alcalde Isaac Valencia, el constructor Ambrosio Jiménez, el concejal de urbanismo Juan Jesús Martín (en julio de 2011 un auto judicial archivó el procedimiento contra este último) y tres funcionarios del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Orotava. Se confirmaba así que durante la construcción del Centro Comercial el Trompo no se había contado con las preceptivas licencias urbanísticas, que se hacían en suelo rústico y que no había petición de la constructora para edificar dentro del ámbito permitido.
Nuevas declaraciones de Isaac Valencia en el Juzgado se sucedieron durante el año 2010, a pesar de que se solicitara por parte de su defensa el sobreseimiento de la causa. Nuevos informes periciales remarcaban que el proyecto inicial del Centro Comercial El Trompo había superado ampliamente la edificabilidad que inicialmente se le había asignado y las reiteradas solicitudes por parte de los acusados de archivar el caso fueron, una tras otra, desestimadas por el Juzgado. Tras esto, Isaac Valencia ‘Saso’ fue “premiado” con la distinción de “Villero de Honor” en el año 2014, con los votos a favor de CC, PSOE y PP.
Tomadas todas las declaraciones y terminada la fase de instrucción, el jueves 16 de junio de 2016 se inició el juicio en el Palacio de La Justicia de La Laguna, 14 años después de la denuncia presentada por el partido IpO.
El juicio se inició con las esperanza de los acusados de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con IpO para rebajar las penas e incluso la cancelación del propio juicio. El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife dictaminó, en su sentencia del 12 de agosto de 2016, la culpabilidad por delitos contra la ordenación del territorio y por prevaricación urbanísticas del alcalde Isaac Valencia y del secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás, a los que se les condenó a dos años de cárcel, ocho de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público y a una multa económica de 4.200 euros, pero en 2017 se rebajó las penas de cárcel a un año a ambos para evitar que Isaac Valencia entrara en prisión en un estado avanzado de edad, tenía 79 años. Igualmente, se les condenó a asumir los gastos del derribo de los 2.137,20 m2 construidos y objeto de la infracción urbanística, cuestión que fue anulada posteriormente por la Audiencia Provincial.
Por su parte, al promotor urbanístico Ambrosio Jiménez se le condenó por atentar contra la ordenación del territorio con 5 meses de prisión, el pago de una multa de 3.000 euros y a una inhabilitación especial para el desarrollo de su profesión u oficio relacionado con la construcción por un tiempo de 5 meses. Como se puede leer en la sentencia, y como informó la prensa local, el constructor sabía que la obra era ilegal, que había iniciado la misma sin licencia y que el lugar donde se construyó no estaba definido como urbano en el PGO de La Orotava. Igualmente, en dicha sentencia quedó recogido que los tres acusados actuaron con “nulo respeto por el ordenamiento jurídico”, lo que en el caso del constructor queda recogido de la siguiente manera: “al margen de toda ley, como si no tuvieses que atenerse a la normas jurídicas, como si estas no se dirigieran a él sino al resto de ciudadanos, evidencia un rechazo del ordenamiento”. A parte de esto, la sentencia planteó la apertura de una nueva investigación por falsedad documental contra el secretario municipal y otros dos funcionarios, al presentar documentos que no estaban en el expediente remitido al Juzgado en su momento. (Ver sentencia completa)
Cuando IpO pidió la dimisión del ya alcalde Francisco Linares (Isaac Valencia dimitió como alcalde en 2013 y accedió a la Alcaldía su alumno más aventajado) y de los concejales Juan Dóniz y Narciso Pérez por haber participado de la corporación que urdió La gran mentira y por considerar que “eran conocedores de lo que ocurría y apoyaron al exalcalde Isaac Valencia en las decisiones que han generado estas condenas. Su responsabilidad política es clara. Sabían que se estaba cometiendo una ilegalidad y no hicieron nada”. Francisco Linares se defendió y cuestionó la sentencia del Juzgado contra Isaac Valencia:
“se trata de una licencia urbanística que no se votó en el pleno, ya que las competencias eran del alcalde [Isaac Valencia], que firmó de acuerdo con los informes que tenía. Otra cosa es la intervención jurídica del juez”
El Día, 7 de septiembre de 2016
A partir de entonces Coalición Canaria guardó silencio sobre el tema, a pesar de que había surgido un nuevo movimiento sociopolítico definitivo que le recordaría el tema: Asamblea por La Orotava.
12. EL COMERCIO LOCAL DE LA OROTAVA, MALHERIDO
Se creó una Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Las Arenas, que iba a permitir al Ayuntamiento la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos que se desarrollen. Y se mantuvieron, pero sólo el tiempo suficiente para que Leroy Merlín construyese sobre el suelo dedicado en el Plan Parcial a dotaciones e instalaciones de servicios públicos.
ATI-Coalición Canaria premió la labor de Ambrosio Jiménez con gran generosidad y ahora La Orotava cuenta con una gran urbanización que no tiene zonas verdes; se le regalaron a Ambrosio Jiménez y a Leroy Merlín miles de metros cuadrados que tenían que ser de uso público y que eran propiedad del Ayuntamiento desde el momento en que se aprueba el Proyecto de Compensación, es decir, suelo que era de todas y todos los orotavenses. Todo un “éxito” en la defensa de los intereses generales de las vecinas y vecinos de La Orotava. La ilegalidad urbanística cometida, la lesión del interés general, el clarísimo trato de favor y la connivencia con Ambrosio Jiménez es el reflejo de la forma en la que han usado el poder político la AIO, ATI y CC.
El comercio local de La Orotava se encuentra herido de muerte desde entonces. El saldo en la creación de puestos de trabajo fue absolutamente negativo, pues se perdieron más puestos de trabajo en el comercio local que los que crearon en las grandes superficies de Las Arenas (Centro Comercial Alcampo La Villa, Centro Comercial El Trompo y Leroy Merlín).
A la pérdida de cientos de puestos trabajo se sumó la precariedad de los nuevos puestos de trabajo en las grandes superficies: trabajadoras y trabajadores de estas grandes superficies se llegaron a personar ante el pleno del Ayuntamiento de La Orotava para denunciar la precariedad y las pésimas condiciones laborales a a laque estaban sujetas y sujetos, —en las antípodas de lo que se vendía desde ATI-CC para justificar la implantación de estos centros comerciales—. El motivo no era otro que el acuerdo de convenio laboral que promovían las grandes superficies y que favoreció un aumento de las horas de trabajo por el mismo salario, la obligación de trabajar días festivos y domingos, así como la flexibilización del horario en el cómputo semanal, impidiendo conciliar la vida personal y la laboral.
(Aquí termina la reproducción del libro “20 años de Iniciativa. 20 años por La Orotava”. Recordamos que hemos añadido y ampliado algunas frases y párrafos, introducido algunas licencias narrativas y estilísticas, modificado los tiempos verbales de presente a pasado y también introducido las imágenes con sus notas al pie. Todos los recortes de prensa también los hemos introducido utilizando la hemeroteca de la Coordinadora El Rincón)
13. Y LLEGAMOS A NUESTROS DÍAS: SASO VA A LA CÁRCEL, O CASI…
El último capítulo de esta gran mentira tuvo lugar en el año 2021, pero demos el último salto en el tiempo, a 2015, el año de la aparición de Asamblea por La Orotava.
En 2015, varios grupos políticos, colectivos, asociaciones y personas a título individual dejaron atrás siglas políticas (que no necesariamente son negativas) y posiciones de atrincheramiento político (que en la mayoría de los casos no son de gran ayuda) para poner lo común sobre lo propio; solo vecinas y vecinos de La Orotava organizadas en torno a un programa, un manifiesto y un código ético común y una visión conjunta de La Orotava surgida en La Orotava, para La Orotava y por La Orotava. Un movimiento sociopolítico municipalista sin obediencias externas a partidos políticos que le den órdenes y marquen el rumbo y los tiempos de nuestro municipio para acompasarse a otros intereses en el juego del poder en el tablero de la política canaria y estatal.
Pues bien, esta confluencia municipalista de vecinas y vecinos de La Orotava obtuvo tres ediles en la oposición en el año 2015, un año antes de que saliera la sentencia contra el ya exalcalde Isaac Valencia. Fueron el profesor jubilado, exdirector de instituto y gestor cultural Raúl González Suarez, que no tenía militancia en ningún partido político, acompañado en la primera mitad del mandato por Fran Baute, que ya había sido concejal (IU) y por José Lima, que también había sido concejal (IpO). En la segunda mitad de aquel Mandato 2015-2019, José Lima y Fran Baute dieron paso a Montserrat Ramos, que también había sido concejala (IpO) y a Acacia Martín, activista social que participaba en la política institucional por primera vez.
En 2016, Asamblea por La Orotava (por aquel entonces conocida como Unid@s Sí Podemos) pidió que se apartara del cargo al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás, que había sido condenado junto con el exalcalde Isaac Valencia “Saso” a dos años de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público.
El portavoz de la Asamblea en aquel mandato, Raúl González Suarez, remarcó la labor de IpO y declaró que “es una lástima que hayan tenido que pasar catorce años para que se haga justicia, cuando todo se podía haber resuelto mucho antes y con todos los acusados en el ejercicio de sus cargos y profesiones”. A pesar de que las condenas habían sido emitidas por la Justicia, las resoluciones aún no eran definitivas. CC rechazó la propuesta de apartar al secretario de forma cautelar, con la abstención de PSOE y PP.
En aquel mismo pleno de septiembre de 2016 se incluyó, por parte de CC, un punto urgente para debatir sobre la reciente resolución del “caso el Trompo”. Para Asamblea por La Orotava, zanjar institucionalmente un asunto de la importancia del “caso El Trompo” llevándolo al pleno del Ayuntamiento de La Orotava escondido en un punto urgente dentro del orden del día de una sesión ordinaria no era suficiente y más bien parecía una «una maniobra para pasar de puntillas por el proceso judicial más grave de la historia política del municipio, sin que ni siquiera haya posibilidad de debate, sino tan solo una mera valoración política de cinco minutos por parte de cada grupo», por lo que los tres concejales de la Asamblea se ausentaron durante el falso debate en el que cada grupo político solo tenía cinco minutos para emitir una valoración sobre el “caso El Trompo” . Semanas antes, la Asamblea había pedido la celebración de un pleno extraordinario y monográfico sobre el “caso El Trompo”. Solo hacía falta la aprobación de cinco ediles para la celebración de un pleno extraordinario, pero PSOE y PP dieron la espalda a la Asamblea.
Un año después, en junio de 2017, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratificó la culpabilidad del ex alcalde Isaac Valencia (CC) y del todavía secretario del Ayuntamiento villero, Juan Carlos de Tomás. La pena de Isaac Valencia pasó de dos años de prisión a uno, para evitar que entrara en la cárcel a su avanzada edad. La pena del secretario se redujo a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación de cargo público. En el pleno de junio de 2017, Raúl (Asamblea por La Orotava), recordó que ya habían pedido que se apartara del cargo al secretario general del Ayuntamiento de forma cautelar y que por no haberlo hecho «han puesto en peligro durante todo este tiempo la confianza en la institución municipal y la seguridad jurídica de sus actuaciones».
El secretario general no fue apartado de su cargo hasta octubre de 2017, cuando llegó al Ayuntamiento de La Orotava una comunicación judicial en la que se pone en conocimiento de la corporación la liquidación de condena del “caso El Trompo” respecto al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás Martí. En ella, se recordaba que Juan Carlos de Tomás debía cumplir 2.555 días de inhabilitación para todo empleo o cargo público por la comisión de un delito de prevaricación urbanística. A Coalición Canaria ya no le quedó más remedio que hacer efectiva la sentencia y apartar al secretario de su puesto.
Pero cerremos ya la historia de La gran mentira de La Orotava retrocediendo de nuevo hasta el año 2016. En el pleno de septiembre de 2016, CC y PSOE votaron a favor de indemnizar a la quebrada Apymevo de Fernando Plasencia con 1,6 millones de euros por la concesión administrativa de la llamada zona 7 de San Agustín, el gran desmonte ubicado junto a la plaza del V Centenario, donde desde finales de los años 90 se anunciaba un gran Centro Lúdico-Comercial para pequeñas y medianas empresas del Valle de La Orotava “único en Canarias” para poder recuperar este espacio público de 9.606 metros cuadrados (ver capítulos 8 y 9). El PP y la Asamblea votaron en contra. Las palabras del portavoz de la Asamblea, Raúl González Suarez, fueron recogidas por la prensa:
Apymevo Comercial “engañó una y otra vez a las pymes de La Orotava” con actuaciones como “la firma de dos contratos con Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, empresa promotora de las grandes superficies comerciales, justo el año (1999) en que acababa la moratoria para su instalación en el municipio. El segundo de ellos un día antes del pleno que cambió el uso del suelo del Sector 10, en Las Arenas, por el que la empresa promotora de las grandes superficies compró 500 aparcamientos a Apymevo por valor de 6 millones de euros”.
El Día, 28 de septiembre de 2016
USP ve “oscuros acuerdos” en hechos como que “el entullo generado por el desmonte de la zona 7 de San Agustín se despositara en un solar propiedad de Alcampo”, o que “Apymevo presentara fuera de plazo las alegaciones contra el cambio de uso del suelo del Sector 10, en Las Arenas”.
En marzo de 2021 Fernando Plasencia García fue condenado a un año de cárcel y casi 800.000 euros de multa tras confesar que cometió un delito continuado contra la Seguridad Social mientras estuvo al frente de la gestión de Apymevo Comercial.
EPÍLOGO
Las vecinas y vecinos que participan en Asamblea por La Orotava quieren proteger el comercio de proximidad, impulsar el emprendimiento social y reforzar el tejido cooperativo como elemento de identidad de nuestro municipio y como manera de generar puestos de trabajo sostenible.
Para ver las medidas y acciones concretas, visitar punto 2 del Programa Electoral 2019 de la Asamblea, el único programa electoral de los actuales grupos políticos del Ayuntamiento que puede ser consultado en la actualidad por las vecinas y vecinos de La Orotava.
Hemeroteca
La Orotava y las grandes superficies:
Canarias y las grandes superficies:
Otros posibles casos de presunta corrupción de Coalición Canaria La Orotava
- El alcalde Francisco Linares está pendiente de un juicio por presunta corrupción a la hora de prorrogar el contrato a la empresa de grúas.
- La actual concejala de Sanidad, Consumo, Drogodependencias, Formación y Empleo, Igualdad, Vivienda y Bienestar Animal, Belén González, está pendiente de un juicio por presunta corrupción al contratar a dedo a una empresa saltándose la Ley de Contratación Pública fraccionando el pago en varias facturas diferentes cuando era concejala de Fiestas.
[…]según dicha decisión judicial, se realizó sin los requisitos exigidos por la legislación vigente para aquellos importes que superen los 18.000 euros. En concreto, el auto sostiene que “abusando de su cargo público de concejala (…), con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, acordó la contratación directa y sin publicidad de la iluminación y sonido de los actos que se celebraron en las fiestas patronales en mayo de 2008, de forma fraccionada a favor de (…), con el fin de disminuir la cuantía del mismo y así eludir los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma y así eludir la aplicación (…) de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Diario de Avisos, 22 de noviembre de 2019