Reclamamos responsabilidades políticas por el ‘ caso El Trompo ’
Ante la reciente sentencia judicial del caso El Trompo, Unid@s Sí Podemos (USP) manifiesta que el actual alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y el concejal de Economía y Hacienda, Juan Dóniz, tienen responsabilidades políticas evidentes, dado que eran miembros destacados del gobierno municipal en el momento en que se produjeron los hechos y respaldaron en todo momento las actuaciones del ex alcalde Isaac Valencia. La formación municipalista señala que la reacción de Linares y Dóniz ante la sentencia delata su complicidad con Valencia, puesto que ambos han salido en su defensa y defendido su inocencia asegurando que su actuación se ciñó en todo momento a los informes jurídicos.
El concejal y portavoz de USP, Raúl González, afirma que el actual alcalde “trata de nadar y guardar la ropa al asegurar, por un lado, que respeta la sentencia y que no quiere ejercer ningún tipo de injerencia política ni mediática al respecto para, a renglón seguido, entrar en el fondo del asunto sosteniendo que Valencia debería ser absuelto porque no firmó documento alguno que no tuviera los informes favorables”. Asimismo, González subraya que las declaraciones en similar sentido del concejal Juan Dóniz, “un peso pesado del gobierno local en la época en que sucedieron los hechos juzgados”, denotan también “connivencia con el alcalde y un claro respaldo a su forma de proceder”. Por ello, el portavoz de Unid@s Sí Podemos exige la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico en el que se diriman las responsabilidades políticas derivadas de la sentencia judicial y emplaza al resto de grupos de la oposición, PSOE y PP, a secundar la propuesta.
Para González, resulta significativo que otros miembros destacados de Coalición Canaria estén tratando de minimizar la gravedad de los delitos cometidos por Valencia y el resto de acusados. Así, lamenta que el propio presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, haya manifestado que el desvío en la construcción fue inferior al 2% de la superficie total de la obra, cuando la realidad es que el porcentaje construido en suelo rústico según el PGOU vigente entonces era considerablemente mayor. “Solo con posterioridad a los hechos es cuando se aprueba el actual Plan General, que reclasificaba el suelo en la zona, e incluso con ese documento el centro comercial se excede de la superficie permitida, como recoge la sentencia”, señala.
Medidas cautelares respecto al secretario
Respecto al secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás, condenado a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación, el portavoz de USP reclama al alcalde que exija medidas cautelares para apartarlo de su puesto. A su juicio, la resolución judicial, en la que incluso se pide la apertura de una pieza separada para investigar la supuesta falsificación de un documento oficial por parte del secretario y de otro funcionario, “invalida a De Tomás como máximo garante de la legalidad en la institución municipal, por lo que se hace necesario que, hasta que la la sentencia sea definitiva, algo que se podría demorar años, se adopten medidas para que no continúe firmando como tal”.
Labor de IpO
Por otro lado, González expresa el reconocimiento de su formación a la “enorme labor” de Iniciativa por La Orotava, partido que actualmente participa de la coalición Unid@s Sí Podemos y que “denunció desde el primer momento las ilegalidades cometidas por el gobierno municipal de Coalición Canaria”. En este sentido, lamenta que el PSOE “trate de arrogarse el protagonismo” en este asunto, cuando su posición fue siempre “bastante tibia”, como demuestra el hecho de que el entonces secretario general del partido en Canarias acudiera a la inauguración del centro comercial y compartiera espacio con algunos de los ahora condenados. Así, recuerda que “han sido los miembros de IpO los que han tenido que sufrir durante todos estos años situaciones de acoso por defender la legalidad y los intereses generales de la ciudadanía villera”.
“Es una lástima”, sostiene González, “que hayan tenido que pasar catorce años para que se haga justicia, cuando todo se podía haber resuelto mucho antes y con todos los acusados en el ejercicio de sus cargos y profesiones”. En cualquier caso, recalca que, tal y como indica el propio juez, “los acusados trataron en todo momento de retrasar la causa con sus actuaciones”, por lo que “en buena medida es achacable a ellos la dilación del proceso”.
Finalmente, el concejal y portavoz de USP recuerda que este no es el único caso al que se enfrentan los dirigentes de CC en La Orotava. Así, recuerda que Valencia tendrá que responder ante la Justicia, junto al actual concejal de Economía y Hacienda, Juan Dóniz, y cuatro técnicos del Ayuntamiento, por el derribo parcial del teatro Atlante y las casas aledañas, y que el grupo de gobierno al completo del mandato 2007-2011 está imputado por diversos reconocimientos extrajudiciales de crédito. González señala que, además, existen otros puntos oscuros en la actuación de los gobiernos de CC a lo largo de las últimas décadas, como es el caso del Plan Parcial de Centro Valle, anulado por el Tribunal Supremo, o el más reciente de la concesión del mirador de Humboldt, entre otros.
