Moción Institucional sobre Los Derechos Humanos y La Crisis Migratoria

Los Derechos Humanos y la Crisis Migratoria, una cuestión que debe ser abordada por todas las instituciones.

Todos los grupos del consistorio villero hemos hecho nuestra una moción que CC-PNC a presentado en varios Ayuntamientos y Cabildos. Nos gustaron los puntos de la moción y pedimos introducir, para aportar medidas reales desde el municipalismo, para ofrecer un inmueble de La Orotava como recurso alojativo a para menores migrantes, donde reciban unas condiciones dignas a la espera de que se tramiten sus expedientes para seguir su periplo hacia Europa. Esta medida va en la línea de promover la inclusión de La Orotava en la lista de ‘Ciudades amigas de la infancia’ de UNICEF.

El texto de la moción lo presentamos a continuación:

Hace ya muchos años que urge trabajar en un nuevo modelo de gestión de la realidad migratoria, toca hablar de “estricto cumplimiento de los derechos humanos” y no centros de retención temporal con discutible actividad y objetivos, que vienen por otra parte siendo censurados y cuestionados ante la ineficacia en el tratamiento de la realidad migratoria archipielágica.

Explorar nuevas fórmulas de atención y acogida de las personas llegadas irregularmente, más respetuosas con los derechos que las asisten ha de ser prioritario, y por ello urge una reforma que debiera fundamentarse a través de una negociación abierta, responsable y constructiva entre las distintas fuerzas políticas. No hay más que comparar las cifras entre inmigrantes internados en los CIEs españoles y los expulsados de España, para comprobar la ineficiencia del actual modelo.

Por otro lado, como consecuencia de los movimientos forzados de población que se han producido en el Mediterráneo en los últimos años, ha provocado la aprobación en el mes de julio de 2017 del denominado Protocolo Para La Coordinación De Actuaciones Dirigidas A Solicitantes Beneficiarios De Protección Internacional entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco del Sistema Nacional de Acogida, donde se recogen los cauces de coordinación entre los tres niveles de Administración, sus competencias y las
actuaciones de colaboración de las mismas en las fases establecidas: de acogida, de integración y autonomía personal en los entornos comunitarios vivenciales.

Europa ha optado en las últimas décadas por limitar la inmigración y sancionar las entradas irregulares, por ello, mientras no cambie esas políticas, desde el grupo de Gobierno de Canarias se ha de trabajar en la medida de nuestras posibilidades y competencias y, en coordinación con el resto de instituciones y organizaciones implicadas, para que la estancia provisional de los extranjeros irregulares en Canarias sea lo más digna y garantista posible. Canarias, frontera sur de Europa y tierra receptora constante de migrantes ha de contar con los apoyos, recursos e infraestructuras necesarias que permitan el estricto cumplimiento de la ley tanto en el caso de llegada de migrantes adultos, como de menores no acompañados.

Canarias es y será siempre lugar de tránsito y pasarela a un mundo mejor para millones de personas que desde el continente vecino sueñan con pisar alguna vez suelo europeo. Es deber del Estado español asumir esta realidad como una constante no transitoria ni coyuntural y establecer los medios necesarios para el correcto papel protagonista que este Archipiélago tiene en el presente y mantendrá con toda seguridad en el futuro.

Para lo cual proponemos avanzar en líneas de trabajo entre administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, que permita desarrollar acciones facilitadoras de la acogida, inclusión e integración social. En la línea de conseguir un grado protección social suficiente que permita el desarrollo personal y su integración posterior en la sociedad, promoviendo la convivencia y tolerancia en nuestras islas.


Por lo expuesto, se formulan los siguientes acuerdos:

  1. Reclamar al Estado el desarrollo de políticas y ayudas al desarrollo y cooperación destinada a los países de origen de la inmigración irregular hacia las costas españolas, aumentando para ello los fondos públicos de cooperación al desarrollo hasta el 0,7% tal, como recomienda la ONU para promover el desarrollo de las personas y sus comunidades y evitar con ello los desplazamientos forzados.
  2. Aumentar progresivamente los fondos públicos de cooperación para el desarrollo de la Administración Pública en función de su competencia, hasta el 0,7% como respeto a los
    derechos humanos de las personas migrantes.
  3. Instar al Gobierno de Canarias a fomentar la creación de suficientes dispositivos en las islas de primera acogida que oferten un asesoramiento integral a las personas que llegan a nuestras costas, en pateras o cayucos.
  4. Exigir al Estado que refuerce la labor de interlocución directa y eficaz con las distintas fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas que gestionan los efectos del fenómeno migratorio, así como con otras administraciones, organizaciones sociales e instituciones implicadas, para elaborar un Plan conjunto en materia de Inmigración adecuado a las realidades actuales y tendencias futuras de este fenómeno social.
  5. Fomentar, por la administración competente, Centros de Acogida respetuosos con los derechos de las personas, que permita configurar un nuevo modelo de gestión de los fenómenos
    migratorios.
  6. Reclamar al Estado la recuperación en los Presupuestos Generales del “Fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes”, eliminado en el 2012 y destinado a apoyar los programas encaminados a estas políticas de acogida e integración, Y desarrollados por las comunidades autónomas.
  7. Solicitar que se aumenten en los Presupuestos Generales del
    Estado y corporaciones locales las partidas presupuestarias para
    el desarrollo por entidades sin ánimo de lucro de programas
    dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países,
    con el objetivo de promover la plena integración de la población
    extranjera en la sociedad española y su participación política,
    económica, social y cultural.
  8. Instar al Gobierno de Canarias a incidir ante la Administración del Estado en las cuestiones planteadas en los puntos anteriores y a que lidere, en colaboración con las instituciones de la CCAA, insulares y locales y las organizaciones sociales, la elaboración del Plan de Acogida e Integración de Personas Refugiadas e Inmigrantes en la Comunidad Autónoma Canaria.
  9. Mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a todas las entidades sin ánimo de lucro y a los cuerpos de seguridad por su labor en la defensa de los derechos humanos.
  10. Cumplir con la implantación y ejecución del III Plan África

Villa de La Orotava a 22 de octubre de 2020

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