El consistorio villero convierte en moción institucional nuestra propuesta para mejorar la vigilancia en el Parque Nacional del Teide

Hace 65 años que las cumbres de Tenerife y La Palma fueron declaradas Parque Nacional, mayor figura de protección que un territorio puede alcanzar. Tras esta declaración, hubo que esperar 20 años más para que fuese creado el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote y hace 38 que los montes gomeros recibieron ese mismo reconocimiento.

Desde entonces, estos cuatro espacios naturales, de valor incalculable, se han convertido en referentes de la conservación de la naturaleza en Canarias, con una gestión internacionalmente reconocida, destacándose el hecho de que Garajonay y el Teide también son Patrimonio Mundial de la UNESCO, la más importante distinción que un territorio puede obtener por sus valores naturales. Pero estos espacios no son sólo unas referencias naturales y emocionales, sino que son uno de los principales atractivos turísticos de las islas sector que, en la actualidad, representa el motor que mueve la economía de nuestra sociedad insular.

Es por ello que nos preocupa que decisiones respecto a su gestión puedan repercutir de forma muy negativa en su conservación, en la divulgación de sus valores y en la ya depauperada economía de las islas.

Es necesario poner en valor que desde hace más de 20 años se viene prestando con éxito un servicio de apoyo a la vigilancia y al uso público del Parque Nacional del Teide por el personal contratado por TRAGSA y que en estos momentos ve peligrar sus puestos de trabajo.

Este apoyo a la vigilancia se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa vigente cuyo fin último y primordial es la conservación de los valores naturales de este emblemático espacio.

La empresa TRAGSA ha sido la encargada de proporcionar en los últimos dos decenios este servicio tan necesario en el Parque Nacional del Teide, un servicio público clave en la consecución de los objetivos establecidos en la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales que establece en su artículo 8º la necesidad de promover la concienciación y educación ambiental en la sociedad, como instrumentos eficaces para garantizar la preservación de los recursos naturales y culturales de estos espacios en el futuro.

TRAGSA es una empresa pública a nivel estatal y además medio propio instrumental de las entidades del sector público, entre ellas el Gobierno de Canarias y Cabildos Insulares, entre ellos el Cabildo Insular de Tenerife.

El personal de TRAGSA realiza un apoyo a la vigilancia y una labor informativa en puntos fijos y en itinerancia, de tarde y noche, en todo el perímetro del Parque Nacional.

Este “Servicio de apoyo a la vigilancia e información a las personas visitantes” lo vienen realizando desde hace muchos años los mismos trabajadores y trabajadoras, cuya labor auxiliar encomendada (de apoyo y complementación a los medios propios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) ofrece a la ciudadanía la información necesaria y útil para garantizar un adecuado uso y disfrute de este espacio natural, al tiempo que se garantiza la protección del territorio y la preservación de sus recursos, creando conciencia y educando a la sociedad en los valores naturales y culturales de este área protegida.

El valor y la calidad de este servicio lo dan, con orgullo, sus propios trabajadores. Todos estos años han estado uniformados según la identidad corporativa establecida para Parques Nacionales. Las personas de plantilla de Tragsa, que actualmente trabaja en el Parque Nacional del Teide, pueden ser consideradas especialistas en la labor encomendada, con una profesionalidad y conocimientos contrastables quienes, además de la aptitud, la formación y el bagaje profesional que poseen, han adquirido la experiencia del día a día.

Desde 2017, el Cabildo Insular de Tenerife y la dirección del Parque Nacional han requerido a TRAGSAla condición de Guarda Rural o Guarda Particular de Campo para el personal de vigilancia, figura contemplada y regulada en la Ley 05/2014 de Seguridad Privada y que están controlados administrativamente por el SEPROSE (Guardia Civil)

Fue entonces cuando se obligó al personal de TRAGSA a adquirir la condición profesional de Guarda Rural a pesar de las dudas suscitadas debido a que TRAGSA no es una empresa habilitada para prestar servicios de Seguridad Privada lo que vino a suscitar una situación contradictoria.

En 2018, tras una denuncia pública y un informe posterior del SEPROSE (Guardia Civil) Tragsa se ve obligada a retirar la uniformidad de Guarda Rural a su personal y concreta, con el Cabildo insular, un nuevo encargo de gestión. Pero en esta ocasión incluye también una licitación para la subcontratación de apoyo a la vigilancia a una empresa de seguridad privada.

La actual plantilla de trabajadores se ha visto incrementada sólo en los últimos meses.

Siempre ha sido insuficiente el número de efectivos existentes, tanto propios como indirectos, para atender las necesidades del Parque Nacional más visitado de España.

La Policía Canaria tiene competencias en medio ambiente y en espacios naturales protegidos. El Parque Nacional es su competencia y no la de la Seguridad Privada, situación que podría reconducirse con la materialización de un convenio, que permita mas presencia de esta policía en el Parque para acabar con los presuntos hechos delictivos a los que alude el grupo de gobierno, y de la que aun no tenemos conocimiento al no disponer del informe solicitado con datos reales. Convenio que bien puede incluir también al Seprona, para que tenga un destacamento para el Parque Nacional, como lo tienen desde hace años otros Parques Nacionales, como los Parques Nacionales de La Caldera de Taburiente y Garajonay.

En esta misma línea, el anterior equipo de gobierno en el Cabildo incluso llegó a plantear la posibilidad de promover la recuperación de un puesto permanente de la Guardia Civil en el interior del Parque Nacional, y es sabida, además, la reivindicación de las policías locales de los municipios en el área de influencia del propio Parque, de tener presencia regular en dicho espacio natural, proporcionando así un mejor servicio a la ciudadanía.

Es necesaria una profunda reflexión al respecto por parte de los entes públicos para quienes el principio de ejemplaridad debiera ser bandera, tal y como lo establece el mandato constitucional en el artículo 103 apartados 1 y 2, “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.” y “Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.”. pero vemos como, en casos como el que nos ocupa, se camina justo en dirección contraria: todos estos años, la interpretación del patrimonio natural, la educación ambiental y algunos servicios gratuitos de divulgación se han ido perdiendo como las rutas interpretativas guiadas y gratuitas en inglés que se venían prestando hasta hace poco en el Teide de la mano de trabajadores y trabajadoras de TRAGSA.

Hay que apostar por lo público, por el interés general, por la divulgación, por la educación y esa comunicación ha de ser abierta y pedagógica, haciendo entender un espacio natural como algo propio, algo cercano, y sobretodo, algo de la Comunidad.

Ya que esta educación medioambiental es la única garantía de pervivencia en el tiempo del deseo de conservación, y protección de ese espacio natural, integrado como elemento socio económico y de desarrollo.

Ya en 2012 se quería recortar en casi un 68% en el capítulo de inversiones en los PPNN y nos sumamos a la lucha por revertir esa decisión, tan perjudicial para los canarios y canarias, y para la defensa y mantenimiento de nuestro patrimonio natural.

Se debe defender siempre un servicio público de calidad, un uso público y cercano de nuestro patrimonio, que además apueste por el conocimiento y la puesta en valor de los recursos, porque de esa manera repercuten en economías verdes.

Por tanto, desde las administraciones debemos dejar claro cuanto antes a la ciudadanía canaria y los visitantes de nuestros espacios naturales, qué modelo de gestión queremos implantar y cuáles son nuestras propuestas e intenciones de cara al futuro.

TEXTO DE LA MOCIÓN

1. Instar al Cabildo de Tenerife a reformular la encomienda de gestión a TRAGSA de tal manera que se vuelva a la situación existente en el año 2017, hasta que no se realice un profundo análisis de la base jurídica y justificativa, con la finalidad de mantener dentro de la empresa el empleo del actual personal que desarrolla funciones de apoyo a la vigilancia en el Parque Nacional del Teide.
2. Defender un modelo de gestión que compatibilice la conservación con la actividad económica, el uso público y la concienciación de la sociedad.
3. Más vigilancia de dominio público y aumento de la divulgación y la educación ambiental en el Parque Nacional del Teide, manteniendo y defendiendo lo público, implementándolo con lo que sea necesario garantizando siempre la estabilidad y la no precariedad laboral y profesional.
4. Instar a las distintas administraciones del Estado, en el marco de sus competencias, qué la protección y vigilancia en el Parque Nacional del Teide se realice con los distintos cuerpos y fuerzas del Estado.