Asamblea rechaza los presupuestos para 2020 presentados por CC-PNC
Un año más nos enfrentamos al debate de los presupuestos para el 2020, en el que se establecen los criterios generales de ingresos y gastos para desarrollar las líneas estratégicas que marcan las políticas a realizar y la gestión diaria.
Desde Asamblea consideramos que el presupuesto municipal debería centrar sus objetivos en intentar solucionar los problemas existentes en nuestro municipio principalmente en materia de empleo, desarrollo económico, servicios sociales, patrimonio cultural y medio ambiente.
Coalición Canaria no tiene un proyecto de futuro. Le interesa el corto plazo, pues no se afronta los problemas de la gente: la pobreza y la exclusión, cómo afecta la violencia de género en el municipio, cuál es la situación de los jóvenes, cuál es la problemática de los mayores en cuanto a ocio, la accesibilidad y la movilidad; o sobre el cuidado del medio ambiente, con una apuesta decidida por las energías renovables; o sobre el apoyo al mediano y pequeño comercio… ¡Y podríamos seguir!.
En definitiva, no cuentan con iniciativas nuevas, ni novedosas ni con proyectos de futuro. En estas cuentas solo hay más de lo mismo.
CONSIDERACIONES GENERALES
Analizando el Presupuesto para el 2020 queremos comenzar denunciando, una vez más, y lo venimos haciendo desde el año 2015, el mantenimiento de la regla de gasto. Debemos presionar para ir más allá, a lo esencial, que no es otra cosa que la imprescindible reforma de la regla de gasto o “ley Montoro”. Eso es lo que verdaderamente permitirá hacer unos presupuestos municipales acordes a la realidad de ingresos y necesidades de nuestro municipio, lo que dará libertad para planificar todas las inversiones precisas y no solo unas concretas.
Tener superávit es tremendamente injusto porque el ayuntamiento le quita a la ciudadanía más de lo que le da. Ese es el objetivo de la regla de gasto impuesta por Montoro: que el dinero que no vuelve a la gente se destine al pago anticipado de la deuda. Una absoluta barbaridad social que se hace todavía más visible cuando el ayuntamiento en cuestión no tiene deuda. Y porque supone un agravio comparativo frente a la administración central, que está exenta de justificar su propio cumplimiento de la regla de gasto y que, a diferencia de los ayuntamientos, tiene permitido incurrir en déficit.
La opción más factible es que Hacienda amplíe las excepciones en que se permite reinvertir el superávit, como ya ocurre con las inversiones financieramente sostenibles.
Subrayamos que uno de los grandes problemas de este presupuesto, como ha ocurrido en años anteriores, es su carácter restrictivo, puesto que el gasto público comprometido está muy por debajo de la capacidad del Ayuntamiento en función de sus ingresos reales.
El resultado final es que se prestan servicios, se dan subvenciones o se realizan inversiones por debajo de la capacidad real del ayuntamiento en función de los ingresos que obtiene. Además, hay que tener en cuenta que ya se ha eliminado la deuda, aunque seguimos sin cumplir el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores (40,73 días), y la normativa sobre morosidad (69,76 días).
Desde Asamblea por La Orotava, consideramos que la Ley de Estabilidad Financiera impide que se realicen las inversiones que necesita hoy la ciudadanía orotavense y provoca que grandes cantidades de dinero público acaben inutilizadas en entidades bancarias.
Reducir los gastos en personal político
Para poder hacer frente a una parte de las necesidades sociales no cubiertas y redistribuir mejor el presupuesto municipal, es necesario eliminar gastos innecesarios en personal directivo y corporativo.
Como ya manifestamos en 2015, consideramos que no está justificado que todos los representantes del grupo de gobierno tengan dedicación exclusiva.
Proponemos por tanto, y en coherencia con lo que hemos manifestado en debates anteriores, que se reduzca al menos un 25% —unos 240.000 €— la partida presupuestaria de Retribuciones básicas para Miembros de Órganos de Gobierno.
Igual opinión tenemos para el personal eventual. Mantenemos la propuesta de reducir el personal eventual a tres personas y potenciar al personal funcionario para la gestión o asesoramiento desde la perspectiva de capacidad y preparación técnica.
Como hemos manifestado en años anteriores, El Ayuntamiento más que un servicio público parece una empresa de contratación. De los “suyos”.
Mayor transparencia en el otorgamiento de subvenciones nominadas y eliminar las que no están justificadas
Pedimos el cumplimento de lo establecido en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que establece que el otorgamiento de las subvenciones nominadas es una excepcionalidad.
No obstante, se advierte el importante desequilibrio entre ambas formas de concesión, ya que las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva a entidades ciudadanas sólo suponen el 35,5% del importe previsto en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, y las subvenciones nominadas —”a dedo”— el resto.
Proponemos que las bases se modifiquen para que se establezca el mandato como referencia temporal para la concesión de subvenciones y que las mismas se concedan bajo unos criterios objetivos establecidos en una mesa técnica en el marco de una ordenanza General (como se propone desde la intervención) y así garantizar la seguridad, la transparencia y un ámbito de aplicación temporal.
Recuperar la gestión de los servicios públicos
Está demostrado que la privatización de la gestión de los servicios públicos esenciales condiciona, durante un dilatado periodo de tiempo, la aplicación de políticas públicas sostenibles y eficaces, y hay múltiples ejemplos de cómo va en detrimento de las mismas. Además en todos los años de crisis son los únicos que no han sufrido recortes, pues se le ha actualizado según el IPC. Y no hay interés por parte del grupo de CC de renegociar los contratos a la baja. ¿Qué aportación están haciendo al municipio con los beneficios? Muy poco o nada.
Somos partidarios de promover la recuperación de la gestión directa de los servicios esenciales. Ello, además de favorecer el aumento de los ingresos y la disminución de los costes, suele conllevar también una mejor calidad en la gestión y, por tanto, un beneficio directo para la mayoría de la ciudadanía.
También proponemos cambios en la normativa de contratación pública: por un lado, para reducir los límites de la duración de los contratos de gestión de servicios públicos y, por otro, para facilitar que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan ejercer un control real sobre los servicios.
Realización del inventario de bienes y la constitución del Patrimonio Público del Suelo.
El Inventario de bienes y derechos de las administraciones públicas no se ha actualizado desde el año 2015. Venimos demandando la actualización del inventario de bienes municipales no sólo para cumplir las obligaciones legales sino para tener un mejor control y gestión del patrimonio municipal ya que de esta manera podremos defenderlo mejor frente a terceros y darle el uso más eficiente posible. Con esta actualización también se persigue tener una imagen clara, transparente y fiel del patrimonio municipal en fecha actual. También es importante darle la mayor difusión a todo esto y que a través de la Web municipal cualquier persona pueda consultar el patrimonio con el que cuenta su municipio.
El gasto social como factor central de las políticas del municipio
Consideramos que hay que dar pasos para romper con el modelo asistencialista imperante y avanzar hacia políticas que faciliten que las personas y los barrios sean protagonistas de sus procesos de desarrollo vitales y comunitarios. Hace falta un giro para darle prioridad a una intervención más integral, preventiva y promocional que, si nunca fue suficiente en este municipio, en los últimos años se ha quedado reducida a la mínima expresión, debido a que se le ha dado prioridad a la gestión de ayudas antes que a ningún tipo de trabajo social.
Necesitamos contar con un diagnóstico claro y datos fiables de la situación de las familias del municipio y no depender de estudios o datos de otras instituciones, así lo demuestra la carencia de un documento sobre la realidad socio-económica del municipio.
Hay que tener en cuenta la situación de empobrecimiento y riesgo de exclusión que vive la mitad de la población de nuestro Archipiélago, especialmente acentuada en este municipio con un paro del 23,6% (4.501 personas, octubre de 2019) situándose a la cabeza de los municipios de más de 40.000 habitantes de Canarias.
Por eso proponemos dedicar, al menos, un 15% del presupuesto municipal no financiero consolidado a Servicios Sociales.
Dotar de una perspectiva feminista a todo el presupuesto
Proponemos la redistribución de los recursos del presupuesto para orientar esta herramienta esencial de las políticas municipales en favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Planteamos elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de La Orotava correspondiente al ejercicio 2020 que analice los avances respecto a 2019 en las propuestas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, e incorporar este documento al debate público de cara a futuros presupuestos. Proponemos que el Consejo Municipal de Igualdad incluya los Presupuestos con Enfoque de Género (PEG) en el próximo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y que a partir de 2020 se elaboren los presupuestos municipales desde una perspectiva feminista mediante la aplicación de una metodología de PEG.
Un presupuesto que muestre la voluntad de cumplir con los acuerdos plenarios alcanzados
El presupuesto de 2020 sigue sin plasmar adecuadamente muchas de las iniciativas acordadas unánimemente desde el anterior mandato fruto de una intensa labor propositiva de la oposición; acuerdos que por desgracia no se plasman en partidas económicas adecuadas en los presupuestos municipales.
Creemos que de esta forma se dificulta la puesta en marcha de acciones contra la pobreza energética, medidas para dinamizar el pequeño y mediano comercio, políticas efectivas para dotar al Plan de igualdad, protección de la agricultura, el desarrollo de la agricultura ecológica, medidas de carácter ambiental, comercial, etc.
Un presupuesto que implante un sistema real de participación vecinal
Una Vez más los presupuestos municipales de La Orotava se hacen sin un proceso de participación, Por ello, afirmamos que se ha vulnerado un año más lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, que establece que “hay que garantizar el derecho de participación de los vecinos y vecinas”. Para CC, la participación se refleja en la organización de actos lúdicos y culturales, pero no trasciende más allá. Que los vecinos y vecinas puedan tomar decisiones sobre las cosas importantes no es bienvenido por el señor Linares y su equipo.
Proponemos crear una partida destinada a los presupuestos participativos (25% de las inversiones reales)
Para que el presupuesto cuente con partidas construidas por los vecinos y vecinas con las que poder ir avanzando en la construcción colectiva de las necesidades del municipio. Es significativo que mientras este debate se produce las entidades ciudadanas son desconocedoras de los principales aspectos de este presupuesto y de las líneas estratégicas que en el mismo se plasman.
Por ello, proponemos un presupuesto estratégico y participativo, que obedezca al modelo de municipio pensado y soñado a medio-largo plazo por la población de la Villa y no al oportunismo, al continuismo o a la improvisación. Una buena oportunidad para ello, la tenemos en la reformulación del Plan General de Ordenación (PGO).
LA CONCLUSIÓN ES CLARA
Desde Asamblea por La Orotava volvemos a proponer que se afronte una acción decidida de contención del gasto corriente, para destinar el ahorro resultante a políticas de acción social, de promoción de empleo, de defensa del medio ambiente y de apoyo a la economía productiva (agricultura, ganadería, comercio, turismo…).
En estas cuentas que nos presenta CC-PNC solo hay más de lo mismo. No aportan nada nuevo y, mucho menos, nada ilusionante. Ni ahorran dinero a la ciudadanía, ni ofrece proyectos de futuro que sienten las bases de la regeneración económica y, con ella, del empleo.
La apuesta de Asamblea por la justicia social, la democracia radical y, en general, por un modelo de municipio más solidario, sostenible y verde, nos lleva a rechazar esta previsión de ingresos y gastos, configurada desde claves económicamente neoliberales y políticamente conservadoras.
